La justicia especial para la paz (JEP) nació en medio del proceso de paz y tiene como objetivo la regulación del sistema de justicia transicional, producto del Acuerdo de paz. Además de esto, vela por la verdad, justicia, reparación, no repetición y el conocimiento de los actos violentos cometidos por las FARC-EP dentro del marco del conflicto armado, que se hayan realizado antes del 1 de Diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años. Es importante recalcar que la ley estatutaria de la paz se creó para regular el sistema de justicia transicional bajo el marco de la legalidad.  

De igual forma, una ley estatutaria sólo se puede objetar por inconveniencia o por inconstitucionalidad, y el Presidente no podría objetarla por inconstitucionalidad, debido a que ya pasó por la Corte Constitucional, máximo intérprete de la Constitución Colombiana, y esta le dio el aval en agosto del año anterior. Bajo esta aclaración, el actual Presidente de la República Iván Duque ha decidido objetar seis artículos de la ley estatutaria de la justicia transicional por inconveniencia, es decir que el presidente considera que hay elementos que se deben cambiar de la ley, debido a que no son convenientes con otras funciones del Estado.  

Debemos recordar que en la campaña política del presidente, este tema tuvo gran relevancia en su discurso y una de s u s promesas fue modificar la paz, e incluso su partido político fue uno de los que hicieron la oposición para el acuerdo final del Proceso de paz y efectivamente en las urnas ganó el No.   

Está decisión ha generado opiniones diversas. Por un lado, se evidencian aquellas en contra de esta al considerar que es un mensaje claro para Colombia y la comunidad internacional sobre el poco compromiso y responsabilidad que tiene este gobierno para cumplir el acuerdo con las FARC, consiguiente a esto, se ha dicho que al tomarse esta decisión se le está dando la razón a Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez (“El Paisa”), Henry Castellanos Garzón (“Romaña”), y otros ex mandos medios de las Farc los cuales decidieron abandonar los territorios donde se llevaba a cabo la reincorporación, bajo la justificación de la inseguridad Jurídica, que no es más que el temor  por el incumplimiento y veeduría de los acuerdos ya pactados. 

Del mismo modo la comunidad internacional se ha pronunciado bajo esta decisión, advirtiéndole al Presidente que no está permitido que el Estado cambie las reglas del juego de manera unilateral y que la única forma de que los cambios sean aceptados es hacerlo de común acuerdo, donde participen de manera democrática las dos partes, es decir, el Gobierno y las FARC.    

No sólo la comunidad internacional y algunos miembros de la sociedad están preocupados, sino también los más de 13.000 hombres y mujeres que dejaron las armas, ya que expresan que esto es desesperanzador, al considerar que no les van a cumplir lo que pactaron y además de esto, expresaron que no avanzan los proyectos productivos en sus territorios y que en muchos de sus caseríos aún falta inversión de infraestructura básica.  

Es importante aclarar que con estas objeciones no quieren decir que el proceso de paz y la JEP se van a terminar; el Estado ha dado un mensaje claro, que los cambios en los artículos son para el mejoramiento y funcionamiento adecuado del proceso de paz y “garantizar la genuina, verdad, justicia, reparación y no repetición” como lo expresó el Presidente el pasado domingo.