Madagascar ha aprobado una controvertida ley que permite la castración química y quirúrgica de individuos condenados por violación de menores. Esta nueva legislación ha suscitado fuertes críticas por parte de grupos de defensa de derechos humanos, destacando la preocupación de Amnistía Internacional (AI). La organización ha instado a las autoridades malgaches a derogar la ley que autoriza la castración como castigo para los violadores de niños, considerándola "cruel, inhumana y degradante".

En un comunicado, Tigere Chagutah, director regional de AI para el este y sur de África, señaló que esta medida contradice las disposiciones constitucionales malgaches contra la tortura y otros tratos crueles, así como las normas regionales e internacionales de derechos humanos.

AI aboga por un enfoque centrado en los supervivientes que empodere a las víctimas para denunciar de manera segura, sin temor a estigmatización y represalias, y que permita que los perpetradores rindan cuentas de manera efectiva. La situación de la violación en Madagascar es grave, con casos que a menudo no se denuncian debido al temor de las víctimas y sus familias a represalias, estigmatización y falta de confianza en el sistema judicial.

Según AI, en 2023 se registraron 600 casos de violación de menores en el país, que tiene una población de aproximadamente 30 millones de personas. Desde principios de 2024, ya se han registrado 133 casos, aunque se estima que la cifra real podría ser mayor debido a la subnotificación por temor a las consecuencias.

La ministra de Justicia de Madagascar, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, argumenta que la ley tiene como objetivo "proteger mucho más a los niños", justificando que a menor edad del niño, mayor será el castigo. En comparación, en España, con una población cercana a los 48 millones de personas, se registraron 762 delitos por abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años en 2022.

El proyecto de ley que introduce la castración química y quirúrgica en el Código Penal malgache fue presentado el 24 de enero y adoptado por la Asamblea Nacional el 2 de febrero. El Senado lo aprobó recientemente, y ahora el proyecto pasará por el Tribunal Constitucional Supremo antes de ser promulgado por el presidente Andry Rajoelina.