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Condenados militares a 54 meses de prisión por peculado tras caso de hurto de armas del batallón San Mateo en Pereira

El sargento segundo (r) Castro Eslava, quien era el almacenista, y el ex soldado profesional Gaviria López, quien era su ayudante, fueron hallados culpables de apropiarse de esos bienes que les habían sido encomendados para su protección y cuidado, con el propósito de obtener un beneficio lucrativo.

 

Cabe anotar que se trata de la segunda condena en su contra relacionada con el mismo proceso, pues en julio de 2015 fueron sentenciados por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares y de uso personal, a 5 años y 5 meses para el almacenista, y de 7 años para su ayudante.

 

Por este caso también fue condenado el sargento segundo (r) Raúl de Jesús Gámez Suárez a 12 años y 6 meses de prisión, quien para la época de los hechos se desempeñaba como jefe de transportes y cobró $10 millones por el traslado de varias armas a Chocó.

 

Los hechos se remontan a enero del año 2015, cuando otro sargento asumió el control del depósito de armas decomisadas, descubriendo que pese a que todo parecía estar en regla, según lo consignado en las actas mensuales que avalaba el ejecutivo con su firma en dichas revistas o informes, se venía cometiendo un hurto continuado de armas de fuego y municiones, que posteriormente eran entregadas a organizaciones al margen de la ley de los departamentos del Valle del Cauca y Chocó, entre otros, a cambio de millonarias sumas.

 

Paralelo a ello, investigadores del CTI analizaban audios e interceptaciones de llamadas de una banda delincuencial en el norte del Valle y el Eje Cafetero que develaron que las armas que compraban para cometer sus delitos, venían de la guarnición militar pereirana.

 

En total, 403 fueron hurtadas del depósito de armas decomisadas del Basam, pero solamente pudo establecerse el valor comercial de 237 que eran las fabricadas por la Industria Militar de Colombia (Indumil), la cual dejó claro que otro tanto de las armas no pudo ser avaluado, puesto que estas no se comercializaban allí, es decir, únicamente podían ser vendidas en el denominado ‘mercado negro’ como lo hicieron los exmilitares.

 

Se determinó entonces que el valor de las armas hurtadas entre el 18 de julio de 2014 y el 27 de enero de 2015 fue de $778.391.850, entre las que se destacan 60 pistolas, 33 fusiles y 137 revólveres, entre otras.

 

Cabe anotar que en esta misma investigación resultó involucrado un mayor, quien poco después fue retirado de sus funciones. Se trata de Martín Harvey Amaya Torres a quien se le imputó el delito de peculado culposo como autor, pues para la fecha de los hechos era el responsable de velar por el depósito de armas decomisadas, lo que indica que los militares condenados estaban bajo su mando. Él tenía bajo su custodia la administración, custodia y tenencia de lo que allí se encontraba, pero aparentemente nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando; por ello deberá responder penalmente.

 

En dicha audiencia no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía seccional adscrita al grupo de Administración Pública de Pereira que adelanta la investigación de la mano de la policía judicial CTI. El pasado 3 de febrero fue acusado ante el Juzgado 6° Penal del Circuito de la capital risaraldense por lo que está a la espera de la audiencia preparatoria.

 

Todos a excepción de este último, están privados de la libertad.

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