Hace tres días la rutina del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De Pereira, más conocido como “La 40” se vio interrumpida por una manifestación pacifica liderada por los miembros del comité de derechos humanos de la institución y acompañada por las 1.264 personas privadas de la libertad que integran el establecimiento.   

El medio esta claro “una huelga de hambre” que les permita llenar los vacíos de una atención en salud sin oportunidad frente a sus derechos, garantías en la ejecución de penas y el alto costo de las llamadas al interior del centro penitenciario. Frente a esta situación entidades como la Defensoría del Pueblo, la Personería de Pereira, la Procuraduría, Secretaria de Gobierno de Dosquebradas, la Secretaria de Salud de Pereira, representantes de la Fiduprevisora y líderes de la manifestación se dieron cita en la institución.     

“Hacemos nuevamente un llamado al USPEC y las fiduprevisoras que hoy tienen el deber de ofrecer una atención oportuna, digna y de calidad a todas las personas privadas de la libertad de este establecimiento. Nos vamos con una gran preocupación pero con la esperanza de que este encuentro permita avanzar con acciones que le garanticen a esta población el derecho fundamental a la salud. Queda el inicio de una ruta de atención priorizada que de respuesta a sus necesidades, entendiendo que son una población que tienen un régimen, unas condiciones especiales y necesidades en salud diferente.” Manifiesta Diana Milena Castañeda Hernández, secretaria de salud de Pereira.   

Si pasar una condena privado de la libertad ya es una carga física y emocional, “no poderse enfermar” se convierte en un camino difícil de andar hacia el cumplimiento de la pena, esto sumado al hacinamiento evidente del centro y la vulneración de los derechos humanos que de aquí se desprenden. Dentro de las quejas relacionadas con salud por parte del comité delegado de las personas privadas de la libertad están: Ausencia de un médico las 24 horas, falta de equipos de atención, demoras en las atención con especialistas y medicamentos reducidos.    

“Lo que pasa es que el contrato en salud se hizo inicialmente para 649 y ahora hay más de 1.270 personas privadas de la libertad, eso quiere decir que más del 50% de la población está descubierta en salud. Hoy estamos solicitando unas documentaciones para poder mirar alcances jurídicos, avanzar vía sentencia judicial y acudir a las vías constitucionales para presionar de manera positiva y evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos de la población carcelaria en Risaralda” añade La Defensora Regional del Pueblo de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu.   

Toda esa realidad es sinónimo latente de la sobrepoblación y ausencia de otros centros penitenciarios de la región, es por esto que en el encuentro llevado a cabo el día de ayer entre instituciones, hubo un común denominador: avanzar lo más pronto posible para garantizar un mínimo de condiciones en salud y seguridad a los 1.264 personas que cumplen allí su condena.  “definitivamente la salud ha sido uno de los derechos vulnerados en este centro penitenciario. Desde la Personería continuaremos acompañando a los internos en su derecho a la protesta, garantizando que su situación de vulnerabilidad no se haga aun más grave por la huelga de hambre y nosotros seguiremos haciendo la lucha frente a la comisión Interamericana de Derechos Humanos porque vemos que desde hace 2 años o más, estamos frente a la misma situación en salud” puntualiza  Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira  

DATOS DE INTERÉS:   

La manifestación pacifica busca resolver los siguientes tres puntos:   

1. Atención oportuna, digna y de calidad en salud, médico las 24 horas del día con los instrumentos necesarios para la atención, citas con especialistas y medicamentos de forma pertinente.   

2. Regulación del alto costo de las llamadas telefónicas al interior de la cárcel, actualmente su valor es hasta 3 veces más que el valor de una llamada desde la calle.   

3. Garantías y beneficios en la ejecución de penas para las personas privadas de la libertad.