La vida social tiene como característica la institucionalización. Vivimos la cotidianidad en el marco de prácticas que se han arraigado en nuestros cerebros de tal manera que los juicios que hacemos sobre las experiencias diarias nos obligan a tomar decisiones y hacer emisiones orales, escritas, gráficas, plásticas, musicales, etc., para dejar la huella de todo aquello que consideramos, es nuestra verdad.  

Esta condición de lo humano también lo es del Estado el cual opera bajo estructuras que no son más que aquellas organizaciones humanas con las que se dinamizan las instituciones. Hay estructuras económicas como la banca, de represión como la escuela, militares como los ejércitos y policías, políticas como los cuerpos legislativos y sindicalistas, judiciales como las cortes y los juzgados, etc. Cada una de estas estructuras tienen una ética (si se quiere leer así), un deber ser que las moviliza y que para este caso llamaré “institución”, como concepto que engloba el deber ser de la estructura y que gracias a ello, tiene un norte que proyecta las acciones.   

Pero las instituciones y las estructuras no son dadas a la eternidad, incluso no le es al Estado. La vida es cambiante y como diría Heráclito, “nadie se baña dos veces en el mismo río”; por ello podemos decir que por más sólida que se presente una institución o una estructura, ésta tendrá como característica un ciclo de vida en el que algún día será incapaz de resistir las presiones exógenas cuando su naturaleza comienza a ser contradictoria para el sistema. Tengamos presente que las estructuras no están solas, son muchas que dinamizan y viven sus ciclos interindependientes con las otras estructuras, lo que quiere decir que si bien son autónomas, también se deben en la dinámica del cambio.  

Si ejemplificamos esta idea podríamos utilizar como referente la vida de dos estructuras interdependientes: el ejército y el derecho. Ambas existen en la vida del Estado, ambas han compartido experiencias puesto que han ido de la mano en la historia social; pero una revisión juiciosa a sus cristalizaciones nos muestran que han sido discontinuas y no necesariamente el derecho ha sido más relevante que el ejército. Hoy por el contrario, las instituciones castrenses viven una contradicción interna en relación a su manera de funcionar, capacidad de autonomía y gestión, y hasta sentido práctico. Y no es que el ejército desaparezca, pero sí es claro que su preponderancia social no es la misma en relación con el peso y control que adquirió la justicia -entendida como el sistema legal de un Estado- sobre las acciones militares.  

Esta exposición no es ajena a la historia colombiana, por lo que leer el fenómeno político actual es clave para comprender que asistimos al agotamiento de algunas instituciones, como también, el nacimiento o fortalecimiento de otras; de allí que el actual Gobierno nacional no haya logrado tramitar de la mejor manera las demandas sociales producto de las crisis institucional; especialmente en aquellos campos en los que la presión social es contundente y va en contravía de prácticas agotadas. El mejor ejemplo está en la necesidad del Gobierno para obtener recursos económicos que no vendrán de las personas naturales y jurídicas más ricas del país, por lo que requiere otra vía que tradicionalmente fue usada por los que le han predecido: los commodities del petróleo y la minería. Duque sabe que aceptar el fracking es una contradicción con la campaña presidencial y tendría que vérsela con los movimientos ambientalistas que utilizan estudios serios y experiencias de desastres ambientales producidas por esta técnica. ¿Cómo tramitará Duque la evidente recesión económica que se avecina?, ¿Cómo sobrellevar la crisis del modelo extractivista?, ¿Cómo satisfacer la demanda de presupuesto con la presión social ambientalista?  

Por otra parte, la Paz con las FARC y el ELN abrieron nuevas grietas de discusión. Las violaciones a los Derechos Humanos, los daños ambientales y la poca -por no decir nula- autocrítica de estas organizaciones, nos han puesto en la difícil situación de negociar entre lo políticamente correcto, con lo política, judicial y administrativamente práctico. Muchos consideramos que la JEP ha sido la mejor invención de la historia jurídica contemporánea en materia de Justicia Transicional, pero evidentemente no es suficiente aunque con esto no quiero decir que hay que modificarla, puesto que así podríamos pasar toda la vida de esta generación, pero ¿Cómo pasar la página del conflicto?   

Y ni hablar del ELN el cual tiene que vivirse en la contradicción histórica más vergonzosa de su organización, con líderes incapaces de controlar el fenómeno del narcotráfico, pero necesitando ese capital para mantener su legitimidad política que les permitirá salvarse de la justicia ordinaria, aunque dudo que logren ganar algo representativo pues ni las mismas FARC lo lograron (¿Alguien se pregunta qué perdieron las FARC en la Habana?, mucho más de lo que imaginan)  

Quedan muchas líneas de análisis para la situación actual de la crisis institucional, pero el éxito de la transición está en la capacidad de gestión, análisis y compromiso que tenga el improvisado gobierno de Duque, la anacrónica guerrilla del ELN, algunos cómodos dirigentes farianos y la beligerante sociedad civil.

Lima, 26 de marzo.