En el gobierno de Juan Manuel Santos, dentro del marco del Proceso de Paz, se acordó con las FARC crear una Justicia Especial para la Paz (JEP), donde se acogerían todos los exguerrilleros, militares e involucrados en el conflicto armado, para que reconocieran sus crímenes, pidieran perdón y repararan a sus víctimas a cambio de sanciones restaurativas, con el fin de rehabilitar el tejido y la cohesión social. La JEP tiene bajo su jurisdicción a 9.691 ex miembros de las Farc, a 1.958 integrantes de la Fuerza Pública, 39 civiles agentes del Estado y 12 personas vinculadas por la protesta social.   

El proceso de paz ha tenido desde su creación e implementación, una oposición continua por diversos partidos políticos, que incluso lograron poner al País en dos bandos, los que estaban a favor de los acuerdos para la paz y los que estaban en contra, que recordemos triunfaron en el plebiscito del 2 de octubre del 2016.   

Consecuente con esto, a nivel nacional se ha venido presentando desde hace tiempo atrás una oposición hacia las instituciones que velan y protegen los acuerdos firmados por la paz, además de esto, desde que se puso en marcha la JEP, se han presentado diversas críticas por su forma de operar, e incluso el actual presidente presentó unas objeciones que no prosperaron.   

De igual forma, es pertinente recordar que la JEP ha tenido algunas dificultades por temas de contratación, choque de trenes con la fiscalía, manejo de recursos y demora para que algunos actores del conflicto armado den cuenta de sus actos en el conflicto armado.  

Lo anterior, aunado a la disyuntiva entre la JEP y la Fiscalía por la extradición o liberación de Jesús Santrich, han desencadenado dificultades a nivel gubernamental, trayendo como consecuencia la renuncia del Fiscal General de la Nación (involucrado con Odebrecht) y la Vice Fiscal. Además, algunos partidos políticos sacando provecho de la situación han sugerido una constituyente, propuesta que fue criticada en tiempos de campaña política.  

Con todo lo sucedido, queda en evidencia una vez más que tenemos un Gobierno y algunos partidos políticos, que quieren ponerle peros a un proceso de paz que busca el bienestar nacional, especialmente para aquellos individuos y comunidades que vivieron física y mentalmente las atrocidades de la guerra.   

Ahora debemos preguntarnos:   

¿Le falta determinación al gobierno para defender el derecho a la vida de sus ciudadanos y garantizar la paz nacional?