Durante los últimos días fue tendencia en redes sociales la discusión sobre la defensa hecha por la Corte Constitucional al libre desarrollo de la personalidad, con la cual se fue en menoscabo de la iniciativa gubernamental de prohibir el consumo de licor y estupefacientes en lugares públicos. Como era de esperarse, muchas voces se alzaron en contra de la decisión de la Magistrada ponente, y otras estuvieron a su favor; algunas con extrema agresividad la tildaron de la peor manera posible y otras fueron más allá e hicieron una marcha. 

Lo interesante de la discusión es que, en términos generales, la Corte nunca dijo que apoyaba el consumo de estupefacientes, más bien el fallo se orienta a ratificar que el Estado no puede decirnos qué debemos o no debemos ser o consumir; lo que me lleva a concluir que la discusión no está en la idea de ver las adicciones como un problema social, sino en la manera como se está abordando. Para ser más preciso, no es el fondo sino la forma, pues no olvidemos que vivimos en un Estado Social de Derecho, por lo que toda ley debe surtir un procedimiento y cumplir unas condiciones; de lo contrario, sería ir en contra de lo mismo que se pretende mantener: la legalidad. 

Por ello, más allá de si estamos o no de acuerdo, la reflexión tiene que ubicarnos en un punto que nos permita avanzar hacia consensos. Evidentemente, salir a marchar contra la Corte y promover un desmonte de esta, lo único que genera es sospechas y ratifica el riesgo de convertirnos en una dictadura en la que el Estado está hecho a la medida de los intereses particulares y no generales. Por tal motivo, invito a que pensemos en estas dos preguntas, para construir una agenda pública que aborde el problema del consumo: 1) ¿Son las adicciones un problema que debe tratarse con un enfoque policivo o médico?, y 2) ¿Han sido eficaces y eficientes las acciones policiacas contra los consumidores? 

Esta es una tarea que debe liderar las Alcaldías, de la mano de las Universidades, colegios y familias. Valdría la pena diseñar un programa de trabajo comunitario en el que se aborden estos asuntos dado que todos estamos de acuerdo en que el consumo de licor y estupefacientes es un problema social, más no estamos de acuerdo en la manera como se pretende abordar; no solo porque va en contra de la Carta Constitucional y por ello el fallo de la Corte, sino porque los resultados no necesariamente han permitido desmontar la criminalidad organizada alrededor del narcotráfico y mucho menos, desestimular el consumo. 

Que no sea esta otra excusa para seguir liderando una campaña sucia en contra de las instituciones, y más aún, de una Corte como la Constitucional, a la cual le debemos todos los colombianos y colombianas, los grandes avances en la garantía de derechos y triunfos del individuo sobre la arbitrariedad del Estado.