La polémica estalló en La Guajira cuando la imagen de 40 carrotanques estacionados en un municipio, sin entregar una sola gota de agua en medio de la temporada seca, captó la atención del país. Las sospechas de irregularidades en la contratación y el pago de estos vehículos han llevado a dos autoridades, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, a abrir investigaciones para esclarecer posibles hechos ilegales en este proceso.

La Fiscalía General de la Nación confirmó en un comunicado que ha iniciado una "investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema" . Esta revisión surge después de que la Procuraduría también abriera una investigación para evaluar el estado de los carrotanques.

La Procuraduría ha ordenado visitar los patios donde se encuentran los vehículos para llevar a cabo una revisión minuciosa de la compra, que implicó un gasto de $1.170 millones por cada vehículo por parte del Gobierno. El Ministerio Público indagará sobre cuántos vehículos tipo carro tanque adquiridos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentran estacionados en dicha unidad militar, las razones para su presencia, y los responsables de su custodia, entre otros aspectos.

En respuesta a las críticas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha afirmado que los carrotanques están en proceso de preparación, equipándolos con motobombas y mangueras para comenzar la distribución de agua esta semana. Sin embargo, persisten dudas sobre la contratación de los conductores y el origen del agua necesaria para llenar los vehículos y abastecer a la comunidad.

El escándalo toma fuerza al descubrirse que la adquisición de los 40 carrotanques no se realizó bajo la Ley 80 de 1993, que rige la contratación pública en el país, sino bajo el decreto presidencial número 2113 de 2022, que declaró estado de desastre nacional por 12 meses. Esta medida excepcional permite al Gobierno contratar de manera expedita, pero también abre la puerta a posibles irregularidades.

La firma Impoamericana Roger S.A.S., anteriormente Comercializadora Agrodomínguez S.A.S., es objeto de indagación por posibles irregularidades en este contrato.