El Gobierno de Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, ha tomado una decisión contundente para hacer frente a la creciente ola de criminalidad que azota las provincias de Trujillo y Pataz. Tras una serie de consultas y análisis, se ha declarado el estado de emergencia en estas áreas, con la entrada en vigor de medidas extraordinarias destinadas a restablecer el orden y la seguridad pública. El anuncio, realizado por el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, señala que esta medida se mantendrá por un periodo inicial de 60 días y contempla la prohibición de eventos sociales y espectáculos desde la medianoche hasta las 4:00 a.m.  

Las estadísticas presentadas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros revelan la gravedad de la situación. En Trujillo, se registraron más de 30.000 delitos el año pasado, con un promedio de una muerte diaria en lo que va de este año. En Pataz, la problemática se agrava con actividades relacionadas con la minería ilegal, extorsión y explotación laboral y sexual, perpetradas por más de 20 bandas organizadas. Ante este panorama desolador, el Gobierno ha decidido actuar con firmeza y contundencia. 

La participación de las Fuerzas Armadas en esta operación es crucial, particularmente en la provincia de Pataz, donde la situación se ha vuelto especialmente compleja. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que el control del orden interno pasará a manos de las FF. AA., con el respaldo de la Policía Nacional, en aplicación de decretos legislativos específicos. Esta decisión inédita refleja la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta contundente por parte del Estado. 

Las declaraciones de las autoridades no dejan lugar a dudas sobre la determinación del Gobierno para restaurar la seguridad en estas áreas. Se ha enfatizado que no se tolerarán actos delictivos de ninguna índole y que el Estado peruano empleará todos los recursos necesarios para neutralizar a las organizaciones criminales. Además, se ha destacado que esta medida se enmarca en un esfuerzo más amplio por combatir la inseguridad en todo el territorio nacional, demostrando el compromiso del Gobierno con la protección de sus ciudadanos. 

Este estado de emergencia en La Libertad se suma a otras declaratorias similares realizadas en el pasado en distintas partes del país. La respuesta del Gobierno ante la criminalidad y la violencia refleja la importancia asignada a la seguridad ciudadana como un elemento fundamental para el bienestar y la estabilidad de la nación.